El caso afectaba al ciudadano guatemalteco Alejandro Piché Cuca, quien el 27 de abril de 1991 fue llevado a filas a la fuerza.
“Los hechos denunciados en la comunicación del 22 de enero de 1992, relativos al reclutamiento forzoso en el Ejército del señor Alejandro Piché Cuca, constituyen graves violaciones a la obligación del Gobierno de Guatemala de respetar y garantizar el derecho a la libertad personal (artículo 7), la protección de la dignidad humana (artículo 11) y el derecho de circulación (artículo 22), garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento legal.”
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