El caso afectaba a un objetor de conciencia cuya solicitud de objeción de conciencia había sido rechazada por las autoridades holandesas. Posteriormente, el objetor se negó a ponerse el uniforme al ser llamado a filas. Después fue condenado a 9 meses de cárcel.
“El Comité observa que las autoridades del Estado Parte evaluaron los hechos y los argumentos presentados por el autor en apoyo de su reivindicación como objetor de conciencia a la luz de sus disposiciones legales relativas a la objeción de conciencia, y que esas disposiciones legales son compatibles con lo dispuesto en el artículo 182. El Comité observa que el autor no convenció a las autoridades del Estado Parte de que tenía una ‘objeción de conciencia insalvable al servicio militar… a causa de la utilización de medios violentos’ (párr. 5). No hay nada en las circunstancias del caso que requiera que el Comité sustituya la evaluación del asunto por las autoridades nacionales con la suya propia.”
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